Los Aspectos fiscales de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) 2020

En la presente obra se examina de qué manera las disposiciones fiscales pueden servir como una palanca de fortalecimiento o materialización de los DESC, aunque, por políticas tributarias erróneas, también pueden frenar o tener efectos regresivos en ellos. Por este motivo, examinamos las principales leyes fiscales vigentes en el sistema tributario mexicano, como son, entre otras, la Ley Aduanera, la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley del IVA, la Ley del ISR, la Ley del IEPS, la Ley Federal de Derechos, así como disposiciones reglamentarias o complementarias, como la Miscelánea Fiscal y algunos de sus anexos. Incluimos además, el estudio de los principios comunes a los DESC, como el derecho a la dignidad, el principio de la no discriminación, la discapacidad como una justificación para determinar una distinción fiscal, así como el principio pro homine. Es importante precisar que en el caso de los DESC analizamos la extrafiscalidad de las contribuciones, tanto aquellas que pretenden incentivar o impulsar el desarrollo de algunas regiones del país o sectores de contribuyentes, como las que persiguen inhibir, desalentar o evitar prácticas o conductas nocivas que lesionan al Estado o a sus habitantes. Se aborda en particular, además del marco constitucional y los tratados internacionales, las observaciones generales del CDESC de cada uno de los derechos siguientes: derecho a la alimentación y su entorno fiscal, incluyendo algunas disposiciones fiscales que restringen o limitan el pleno ejercicio de los DESC; derecho al agua, sin dejar de considerar sus tres vertientes: como derecho a la alimentación, a un medio ambiente sano y a la salud; derecho a la cultura, así como algunas disposiciones fiscales que restringen o limitan su pleno ejercicio; derecho a la educación y su entorno fiscal, además de las aportaciones federales en materia del derecho a la educación, como son el Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos y el Fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo; derecho al medio ambiente sano, que parte de la base que el Estado garantiza el respeto a este derecho y a resarcir el daño y el deterioro ambiental causado por quien lo genere, fincándole responsabilidad; derecho a la salud y su entorno fiscal, así como las aportaciones federales en materia del derecho a la salud; y derecho al trabajo, vinculado, entre otras, con la Ley del Infonavit, la Ley del ISR, la Ley del IVA y la Ley del Seguro Social.